¿Tiene tiempo el Gobierno para aplicar el artículo 155 antes del 1-O? | Legal

Mucho se ha hablado en los medios de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno ante lo sucedido en Cataluña. De acuerdo con este precepto, ante un incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y legales, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento forzoso.

Los expertos consultados coinciden en la falta de tiempo para llevar a cabo la tramitación que exige la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. Y es que el artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, incluye, tal y como explica Germán Gómez Orfanel, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense, “la propuesta del Senado por parte del Gobierno de las medidas concretas que pretende aplicar, el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales, la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para que estudie la propuesta y permita alegaciones de la comunidad afectada y, finalmente, el debate y su aprobación por mayoría absoluta en el Senado”. Una tramitación que para este catedrático “requeriría unos veinte días”.

En sintonía con este planteamiento se sitúa Pablo Gutiérrez de Cabiedes, abogado y catedrático de derecho procesal de la Universidad CEU San Pablo, que coincide en que “no existe prácticamente tiempo para cumplir el procedimiento de aplicación del artículo 155″. Sin embargo, algunos expertos creen que todavía habría cierto margen para aplicarlo. En este sentido, José Eugenio Soriano, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense, matiza que si el Gobierno pretende aplicarlo “tiene que apresurarse para cumplir todos los trámites previstos en el artículo 189 del Reglamento”.

El 155 no concreta qué medidas puede tomar el Gobierno

Se trata de un mecanismo de gran alcance puesto que el precepto solo indica que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”, no especificando cuáles pueden ser esas medidas concretas.

Según recoge Gómez Orfanel, entre las medidas que podría adoptar el ejecutivo en aplicación del artículo 155 “podemos pensar además de en el desplazamiento de competencias, en categorías como la sustitución, ejercitando el Estado las competencias autonómicas, o en la suspensión o destitución de órganos autonómicos como por ejemplo se recoge en la Constitución italiana incluso con la disolución de la Asamblea regional y la destitución del presidente de la Región”. Soriano también hace referencia a la regulación de esta figura jurídica en la constitución italiana, donde sí se especifica que, ante “medidas regionales que violen la igualdad entre los italianos, directamente podrá sustituirse en ese Gobierno regional”. A lo que añade que en el caso de España, el Estado, en virtud de la activación del artículo 155 CE, también tendría la “posibilidad de suspender al Gobierno y colocar a un delegado” pero sólo ante “una situación de extrema emergencia que determinara que el cumplimiento de las obligaciones que la comunidad autónoma incumple tuvieran que realizarse de esa forma y que no hubiera alternativa”.

Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, destaca que la suspensión de la autonomía no tiene por qué ser una consecuencia de la aplicación de este mecanismo ya que “el artículo permite distintas medidas en contenido y grado que pueden oscilar desde la intervención de ciertas competencias hasta la asunción de algunas (interior, policía, economía, etc.) o todas las que ejerce la comunidad autónoma”.

Hacienda ya controla las cuentas de la Generalitat

Debido a la dimensión de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que pretende evitarlo. Sin embargo, sí ha empleado otros mecanismos legales existentes como el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos publicado en el BOE el pasado 16 de septiembre, que supone la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una medida que genera controversia entre los expertos. José Eugenio Soriano considera que “tiene apoyo directo en el artículo 135 que establece el principio de estabilidad presupuestaria y en la evitación de la desviación de poder”, Por el contrario, Gómez Orfanel, afirma que esta iniciativa no está jurídicamente legitimada puesto que “no ha cumplido con la regulación prevista en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ya que no ha realizado “el requerimiento al presidente de la comunidad para adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto, el Ministro de Hacienda no puede sustituirlo adoptando él tal acuerdo”. Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, añade que “precisamente porque el artículo 155 ha adquirido un carácter de tabú, cuya aplicación se ha querido evitar, el Gobierno ha actuado con otros mecanismos legales existentes” siendo uno de ellos “la intervención de gasto del actual Gobierno autonómico de Cataluña”.

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Un coronel de la Guardia Civil coordinará también a los Mossos para evitar el referéndum | Cataluña

Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha sido nombrado este mediodía por la Fiscalía como “director técnico” para coordinar a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil en los operativos para evitar el referéndum del 1 de octubre.

Así lo ha comunicado este mediodía el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, a los mandos de todas las policías en una reunión en la que ya ha participado el coronel del Institutoo armado. Pérez de los Cobos era hasta ahora el responsable del despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña que hasta el momento se ha traducido con el envío de cientos de agentes a la comunidad autonóma.

Fuentes del Ministerio del Interior han negado que la decisión de la fiscalía suponga retirar a la Generalitat las competencias sobre la policía catalana, encargada del mantenimiento del orden público en la comunidad, y justifica la medida por la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos. Estas fuentes insisten que los Mossos mantendrán su total autonomía en el resto de las funciones que desempeñan.

La decisión llega tras una semana convulsa en la que la Fiscalía no ha ocultado su malestar por la actuación de los Mossos, a los que acusan de no cooperar con los dispositivos ordenados por las autoridades judiciales desplegados en los últimos días. El caso más notorio fue la entrada de la Guardia Civil en la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, situado en la Rambla de Catalunya de Barcelona.

Allí, donde llegaron a congregarse miles de personas, fueron destrozados tres vehículos del cuerpo armado y los agentes del Instituto armado permanecieron asediados por los manifestantes dentro del edificio cerca de 24 horas. El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se vio obligado a llamar la jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para que se habilitara un pasillo de seguridad por el que los guardias civiles pudieran abandonar el lugar.

Romero de Tejada ya anticipó sus intenciones hace unos días a los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra. En el encuentro, el fiscal expresó su queja al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por la poca implicación de la policía catalana para impedir 1-O. 

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Por qué los catalanes pagan los impuestos más altos | Mi dinero

La idea de que los catalanes pagan más impuestos que el resto y reciben menos ha calado en Cataluña. Es uno de los argumentos que más ha utilizado el movimiento independentista, especialmente en los inicios del procés, cuando Artur Mas recibió un portazo de Moncloa a su propuesta de pacto fiscal. ¿Es cierto que los catalanes pagan más que el resto? La respuesta es sí. Se dirá, y con razón, que Cataluña es una comunidad rica y, por lo tanto, es lógico que en un sistema fiscal progresivo contribuya más que, por ejemplo, Extremadura, la región con la mayor tasa de paro y menor PIB per cápita. Sin embargo, si la comparación se realiza sobre bases imponibles idénticas, también los datos dicen que se tributa más bajo el paraguas de la Generalitat. Es decir, una renta baja en Cataluña paga más que una renta baja de otra comunidad autónoma. Cuando un catalán cobra una nómina, compra una vivienda, firma una hipoteca, alquila una casa, posee un patrimonio o pone gasolina abona más impuestos que la media de españoles.

Ello es así porque la Generalitat de Cataluña ha utilizado su capacidad normativa para elevar los tributos más que el resto de Gobiernos autonómicos. Para unos, ello simplemente refleja la mala gestión de una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de deuda pública y que ha registrado las cifras más elevadas de déficit público. La Generalitat, en cambio, asegura que su mayor fiscalidad relativa es la consecuencia de la infrafinanciación que sufre. Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan que los recursos que recibe Cataluña están por debajo de la media, algo que también sufre Madrid o la Comunidad Valenciana.

Más información sobre el conflicto catalán

El IRPF es el tributo más relevante por recaudación y en el que las diferencias fiscales entre comunidades afectan a un mayor número de contribuyentes. El Gobierno tripartito de José Montilla fue pionero en 2010 en elevar la parte autonómica del impuesto a las rentas altas, una medida que después siguieron otras comunidades. La medida afectó a sueldos a partir de 100.000 euros. Este tipo de decisiones son celebradas por los partidos de izquierda, pero su impacto recaudatorio es bajo por el simple hecho de que el número de contribuyentes afectados es reducido.

Sin embargo, actualmente, las diferencias tributarias en el IRPF no se limitan a las rentas elevadas como sucedía años atrás. Hoy, el sobrecoste fiscal para los salarios bajos o medios ya es significativo. De hecho, Cataluña no es la comunidad con un IRPF más elevado para los ricos, sino que se caracteriza por mantener la mayor presión fiscal sobre las rentas bajas y medias.

Un salario medio, que según el INE asciende a 22.858 euros, paga 3.187 euros por IRPF en Cataluña frente a los 3.024 euros de media. Suponen 163 euros más, un importe que ya es relevante para este nivel de renta. En comparación con Madrid, un trabajador que cobra el salario medio paga 226 euros más por IRPF, un 7,6% más. Así, a igual sueldo bruto, el salario neto que entra en la casa de un residente en Cataluña está por debajo de la media. Para todos los tramos de renta, la presión fiscal sobre el trabajo es mayor en Cataluña que el promedio.

La Generalitat es responsable de esta situación. Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha reformulado el tramo autonómico del impuesto tras la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y que supuso una reducción del número de tramos y de los tipos impositivos en la parte estatal. El impuesto sobre la renta está cedido en un 50% a las comunidades autónomas, que tienen capacidad para modificar los gravámenes y los escalones del tributo. En la negociación entre el PDeCAT y la CUP se valoró un nuevo incremento a las rentas altas, que finalmente no se aprobó, pero pasó totalmente desapercibido el hecho de que no tocar los tramos bajos del IRPFcondenaba a las trabajadores con peores nóminas a pagar más que en el resto de autonomías.

En prácticamente todos los tributos en los que la Generalitat tiene competencia, Cataluña aplica gravámenes superiores a la media. Cuando un contribuyente adquiere una vivienda debe abonar el IVAsi es de nueva construcción y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) si es de segunda mano. Las comunidades tienen competencia sobre el ITP. Cataluña fue de las primeras comunidades en subir este impuesto. Actualmente, el gravamen asciende al 10%. Esto significa que por la adquisición de una casa de 300.000 euros ubicada en Cataluña, el comprador abona 30.000 euros por ITP. La misma cifra que en Galicia o la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades, la cifra es inferior. Madrid es la región que mantiene un gravamen más bajo, del 6%. Implica que, fiscalmente, comprar una casa de 300.000 euros en Madrid es 12.0000 más barato que en Cataluña. A partir de este año y por exigencias de la CUP, Cataluña fijó un gravamen incrementado del 11%para las viviendas que superan el millón.

Formalizar la escrituración de una casa o cerrar un préstamo hipotecario conlleva abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, sobre el que las autonomías tienen competencia. En este caso, Cataluña nuevamente aparece como una de las comunidades que aplican un gravamen mayor. En el impuesto sobre hidrocarburos, la Generalitat mantiene el tipo en el nivel más alto permitido, algo que también sucede en Galicia, Andalucía, Asturias, Valencias, Castilla-La Mancha y Baleares. Madrid se sitúa en la zona baja.

El impuesto sobre sucesiones es el único tributo sobre el que la Generalitat tiene competencia y que se encuentra por debajo de la media. En el resto, se sitúa por encima.

La tendencia natural en Cataluña es compararse con Madrid, el otro gran polo económico de España y, en el ámbito tributario, siempre sale mal. En todos los tributos, un catalán paga más que un madrileño. Madrid ha mantenido una política fiscal totalmente opuesta a la catalana y ha bajado los impuestos en todos los tributos sobre los que tiene competencia. Además, es la única comunidad que no aplica el impuesto sobre el patrimonio. Un contribuyente que tenga una riqueza neta de cuatro millones de euros abonará en Cataluña 41.943 euros por Patrimonio y no pagará nada en Madrid. Además, el impuesto sobre el patrimonio se aplica allí donde reside al contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubiquen los bienes. Es decir, uno puede tener inmuebles en el Paseo de Gracia de Barcelona, pero si vive en Madrid estará exento del tributo. Si bien las estadísticas no permiten afirmaciones contundentes, los expertos fiscales sí que aseguran que se producen cambios de residencia por motivos tributarios.
El argumentario independentista señala que una Cataluña independiente gozaría de una presión fiscal menor porque recaudaría directamente los tributos que ahora ingresa el Estado y de los que transfiere una parte a las autonomías.

Sin embargo, Madrid también es una comunidad rica, que aporta más de lo que recibe a la caja común y mantiene los tributos más bajos de España. Desde la Generalitat rechazan estas comparaciones y aseguran que el efecto capitalidad aporta a Madrid unos ingresos extra que le permiten bajar impuestos ¿Podría Cataluña mantener esa misma política fiscal? Las mayores subidas tributarias aprobadas en Cataluña se realizaron durante el tripartito formado por los partidos de izquierda: PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña. Y los Gobiernos de Convergència primero y PDeCAT después, han estado sustentados por partidos de izquierda que se oponen a una política fiscal de corte liberal.

Que Cataluña haya sido la única comunidad que no ha actualizado su IRPF y, por lo tanto, castigue a las rentas bajas no es culpa del Estado. La idea de que una Cataluña independiente mantendría tributos más bajos es indemostrable y dependería en buena medida de quien gobernara. Si la CUP, por ejemplo, siguiera teniendo la llave de las mayorías en el Parlamento, parece improbable que Cataluña destacara por mantener una baja presión fiscal.

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Referéndum: Cataluña: cuando la política se divorcia del derecho | Mercados

Los acontecimientos de las últimas semanas, y muy particularmente los acaecidos desde que el miércoles por la mañana la Guardia Civil realizara detenciones y registros en varias dependencias de la Generalitat, están contribuyendo a un aumento de la tensión en Cataluña, que puede terminar en episodios de violencia. Así las cosas, no es extraño escuchar que debe darse paso a la política, para alcanzar alguna solución que permita reconducir la situación para evitar males mayores.

De entrada, es preciso subrayar que quienes insisten en este dar paso a la política parecen tener un concepto algo extraño de la misma. Si bien es cierto que el Derecho no agota la política, también lo es que abrir la puerta a la política al margen del Derecho conlleva unos riesgos que deben tenerse en cuenta, riesgos tanto mayores cuando quien ha vulnerado el orden jurídico –y al que la política entendida como una especie de pacto debería venir a rescatar– es quien más obligado estaba, por su posición institucional, a respetarlo.

En este sentido, flaco favor hace a la política como método civilizado de ordenar la convivencia el sostener que, cuando quien desde las instituciones públicas anuncia la comisión de varios delitos con explícito desprecio a la Constitución, al Estatuto y a los tribunales, hay que dejar de aplicar el ordenamiento jurídico si puede movilizar en la calle a un número suficiente de manifestantes.

Consagrar un espacio de impunidad para aquél que desde el poder y con dinero público puede controlar la calle no se me antoja un camino adecuado para alcanzar los acuerdos pacificadores que, según esta visión estrecha de la política, permitirían resolver la crisis actual. En efecto, así se estaría trasladando a quienes han generado el problema un mensaje muy sencillo: hay incentivos para intentar romper la democracia constitucional, pues las alternativas son o bien éxito, o bien ausencia de consecuencias jurídicas y vuelta a la posición de partida.

Ahora bien el Derecho no agota la política, y corresponde a esta mostrar, de un lado, las razones (políticas, pero también morales) de una determinada ordenación jurídica; y de otra, apuntar a soluciones para cuando puedan afrontarse, desde la tranquilidad, los problemas que aquejan a la estructura del Estado.

En primer lugar, siendo cierto que no puede haber Estado de Derecho sin cumplimiento de la ley, debe explicitarse continuamente que la norma cuyo cumplimiento quiere asegurarse –en este caso, la que prohíbe celebrar un referéndum como el proyectado por Puigdemont– recoge tal prescripción por razones políticas y morales, no siendo simplemente resultado de una voluntad arbitraria.

Un referéndum de secesión no es una consulta por medio de la cual los electores se pronuncian sobre si una determinada región sigue formando parte de un Estado o no. Consiste en someter a la decisión de la mayoría el estatus de ciudadano de parte de la población, pues una hipotética ruptura de la unidad estatal convertiría en extranjeros a los habitantes del territorio afectado. De tal modo que cuando una norma prohíbe celebrar referenda de esta naturaleza lo que está es, simplemente, recordando que no existe el derecho a convertir en extranjeros a parte de los conciudadanos.

No sólo eso; impedir un referéndum de este tipo implica afirmar una regla básica de ética política, como es la de la reciprocidad. Todos los que intervienen en una discusión de carácter político deben atenerse a las mismas reglas, como presupuesto para poder exigir a la otra parte el cumplimiento de lo acordado. Pues bien, esto es lo que obvia un referéndum de secesión: por un lado, porque una parte debe asumir que su comunidad política es divisible, sin que se imponga esta carga a la otra (en nuestro caso: España es divisible, Cataluña no); por otro, porque una victoria del No siempre es temporal (hasta la próxima consulta) mientras que la del Sí es definitiva.

Curioso método de resolver controversias aquel que, desde el comienzo del debate, desequilibra claramente las posiciones de quienes participan en el mismo, imponiendo una intolerable asimetría en las reglas de la discusión. Asimetría que se ve agravada por el hecho de que, precisamente por ser la victoria del No una cuestión meramente temporal, no sirve para resolver el problema; salvo que se trate de establecer, sin decirlo claramente, que se pretende forzar una situación en la que el único resultado que zanja la cuestión es el que permite la ruptura, aun al precio de –por el camino– privar de sus derechos de ciudadanía a parte de la población.

Obviamente ello no quita que, una vez afirmado el orden jurídico y el sometimiento de todos al Derecho, sea necesario repensar a fondo nuestra vida en común y el modo de articularla jurídicamente. Pero esta política debe descansar, a mi entender, en una serie de presupuestos que tienen también su justificación moral: la igualdad de derechos de todos los españoles, el permitir a las instituciones comunes realizar sus funciones en beneficio de toda la comunidad política, y asegurar que todos los poderes –también los que expresan la pluralidad de España– ejercen sus competencias sirviendo a todos los ciudadanos y no tratando de construir una identificación nacional de base romántica.

En consecuencia, no se trata de una dicotomía entre derecho y política, sino que la política exige mostrar las razones morales del derecho y actuar en consecuencia.

Pablo Nuevo López es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU

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¿Por qué se ha denegado el ‘habeas corpus’ a los detenidos por el referéndum de Cataluña? | Legal

Uno de los muchos términos jurídicos que nos está enseñando el desafío independentista es el de ‘habeas corpus’, un recurso que fue invocado por buena parte de los detenidos en el marco de la operación policial seguida por organizar el referéndum de Cataluña. Se trata de una figura muy conocida y empleada por la mayoría de los delincuentes en el momento de su detención, porque es una manera de que el juez les escuche rápidamente y pueda resolver su situación en menos tiempo.

El ‘habeas corpus’ consiste en un procedimiento especial, recogido en la Constitución (artículo 17) y regulado en la Ley Orgánica 6/1984, dirigido a la inmediata comparecencia ante el juez de una persona detenida para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. Es rápido, porque finaliza en veinticuatro horas; sencillo, por ser accesible a todos los ciudadanos; general, de modo que se puede solicitar por un amplio elenco de personas, y universal, porque permite ver tanto las detenciones ilegales como las que, siendo inicialmente legales, se prolongan o se llevan a cabo en condiciones no amparadas por la ley.

¿Y por qué lo puede rechazar un juez?

Para decidir un ‘habeas corpus’, el juez debe valorar, en primer lugar, si concurren los supuestos legales y las formalidades y requisitos exigidos por el artículo 17 de la Constitución y por la norma procesal penal (artículos 489 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En segundo lugar, debe determinar si las personas están lícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, es decir, si se cumplen los requisitos legales para internar a una persona. Además, se tiene que constatar si aún no ha transcurrido el plazo máximo legal de 72 horas para que el detenido sea puesto a disposición judicial. Y, por último, si se han respetado los derechos comprendidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución y de las leyes procesales (artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Si estos requisitos se cumplen, la detención es legal y el ‘habeas corpus’ se desestima. Así lo han entendido los jueces de Barcelona y Martorell, que han rechazado todos los presentados por los detenidos por la convocatoria de referéndum en Cataluña. Es importante saber, además, que contra esta decisión judicial no cabe recurso.

¿Cómo se tramita?

El ‘habeas corpus’ se solicita ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona detenida. Si no consta, el del lugar en que se produzca la detención y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

Pueden pedirlo el fiscal, el defensor del pueblo, el detenido, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y, en caso de menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. También puede iniciarlo de oficio el propio juez.

No se habilita por lo tanto al abogado del detenido, por lo que éste tendrá que convencer a su representado o familiares, de la necesidad de la interposición del ‘habeas corpus’ para poder hacerlo.

Puede solicitarse por escrito o por comparecencia y el agente de la autoridad o funcionario debe poner en conocimiento del juez esta solicitud, que la traslada al fiscal, y si cumple los requisitos admitirá a trámite el proceso y ordenará la inmediata comparecencia ante él del detenido o, si no, irá el al lugar donde se encuentre. El juez escuchará al detenido -representado por su abogado, si lo ha nombrado, aunque, como ya se ha apuntado, no es obligatorio-, al fiscal y al funcionario que procedió a la detención. Valorará las pruebas que se aporten y resolverá en el plazo de 24 horas.

Si el juez considera que la detención es legal, se deniega el ‘habeas corpus’ y la persona continúa en prisión. Además, si ha habido temeridad o mala fe por parte del detenido este deberá hacerse cargo del coste de este proceso.

Si el juez entiende que la detención es ilegal acuerda la inmediata puesta en libertad del detenido y si entiende que ha transcurrido el plazo legal máximo de detención acuerda su inmediata puesta a disposición judicial. Puede también decidir que continúe detenido pero en otro centro o bajo la custodia de personas distintas.

Por último, hay que tener en cuenta que, en caso de concederse el ‘habeas corpus’, se perseguirán también los delitos que hayan podido cometer las personas que hayan procedido a la detención declarada ilegal.

Para saber más sobre el concepto ‘habeas corpus’ consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer.

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Cataluña: La Generalitat vuelve a informar a Hacienda de sus gastos semanales | Mercados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas coercitivas adoptadas después de que la Generalitat desoyera el ultimátum de 48 horas que impuso el Ejecutivo central en el último Consejo de Ministros. El responsable de las cuentas públicas sorprendió al anunciar que Hacienda recibió esta mañana el informe semanal de los gastos de la Generalitat, una de las condiciones que se impuso en julio para controlar que no se destinaran recursos al referéndum independentista del 1 de octubre. De hecho, fue el vicepresidente Oriol Junqueras quien anunció la semana pasada que la Generalitat ya no se sentía vinculada a las órdenes del Gobierno y dejaba de informar al Gobierno. Aun así, fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que el envío de la información de los gastos mensuales no modifica el bloqueo presupuestario vigente. La Generalitat debería renunciar al proceso soberanista para que Hacienda devolviera la gestión económica a las autoridades catalanas.

El Gobierno de Mariano Rajoy, basándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ordenó el pasado viernes a la Generalitat a aprobar un acuerdo de no disponibilidad y exigió que las autoridades catalanas informaran de las deudas pendientes de pago.

La Generalitat no respondió a las exigencias del Gobierno y Montoro ha firmado hoy una nueva orden ministerial que se publicará el jueves en el BOE y que supone la intervención total de las cuentas catalanas. En concreto, Hacienda acuerda el cierre del Presupuesto de la Generalitat, que en la práctica supone que no se podrán adquirir nuevas deudas a partir de ahora y que solo se asumirán gastos con respaldo presupuestario. Además, el mando pasa a manos del departamento de Hacienda, que se ha comprometido a abonar las deudas pendientes de la Generalitat ligadas a los servicios básicos.

Montoro avisó de que las medidas coercitivas aprobadas tienen carácter indefinido y se mantendrán hasta que la Generalitat cumpla con sus compromisos. Montoro defendió que el escenario no puede compararse con el artículo 155 de la Constitución Española porque las competencias de la Generalitat no han sido anuladas, aunque el control de la tesorería pasa a manos de Hacienda. 

El ministro de Hacienda aseguró que espera que la Generalitat de Cataluña informe de las obligaciones pendientes para que el Estado pueda pagar a proveedores y funcionarios. Montoro aseguró que el Gobierno trabaja en mecanismos para garantizar el pago de las nóminas de los empleados públicos. Sin embargo, no dio detalles. A pesar de la situación de excepcionalidad y de que los colaboradores directos del vicepresidente y consejero de Hacienda, Oriol Junqueras, han sido detenidos, Hacienda espera que la Generalitat colabore en este punto para facilitar el ingreso de los sueldos públicos. “No estamos asumiendo competencias, sino que estamos garantizando gastos”, repitió Montoro.

La Generalitat de Cataluña está estudiando facilitar los datos de las nóminas para que sean abonadas por el Estado. El Ejecutivo ha bloqueado las entregas a cuenta que periódicamente abona con cargo al sistema de financiación y que suponen en torno a 1.400 millones al mes. Sin ese dinero, la Generalitat ve totalmente mermada su capacidad de decisión.

Los representantes de PDeCAT, ERC y Podemos aseguraron que el Gobierno está incumpliendo su propia normativa y que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla la intervención de las cuentas, pero exige una serie de requisitos y avisos previos que el Gobierno se ha saltado. Denunciaron que una orden ministerial no puede ser el sustento legal que permita a Hacienda tomar el control de las cuentas públicas.

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Referéndum: Cataluña empieza a pesar sobre la Bolsa y la deuda españolas | Mercados

La tensión política entre la Generalitat catalana y el Gobierno de Mariano Rajoy ha terminado hoy por estallar con las primeras detenciones por la convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre. Y en el frente económico, el gobierno catalán ha quedado intervenido de facto con la decisión de Hacienda de bloquear por completo el presupuesto de la Generalitat y de tomar el control de las cuentas catalanas.

El desencuentro político entre el gobierno catalán y el central es absoluto y el desafío del independentismo catalán está alcanzado un nivel que para muchos ya resulta difícilmente reconducible. Y mientras el clima político se enrarece de forma vertiginosa, el mercado ha comenzado a reaccionar. La prima de riesgo española, que comenzó la jornada hoy sin apenas cambios, repunta levemente hasta los 114 puntos básicos. Aun así, ha descendido desde los niveles de entorno a los 120 puntos que alcanzó en la jornada del 11 de septiembre, el día de la Diada.

El rendimiento del bono español a diez años, que comenzó con una ligera caída en línea con el conjunto de la deuda soberana de la zona euro, también se ha dado la vuelta y sube levemente.Cotiza en el 1,574%, frente al 1,563% de ayer, aún por debajo del nivel del 1,6% alcanzado días atrás.

El impacto del desafío separatista catalán sobre la deuda soberana española ha sido mínimo hasta el momento. No ha pasado factura en las últimas subastas del Tesoro, que sigue colocando deuda a intereses cada vez inferiores. En la subasta de este martes, el Tesoro colocó letras a 3 meses a un tipo medio del -0,485%, desde el -0,449% anterior, y a 9 meses al -0,368%, frente al -0,387% de la subasta precedente.

La incertidumbre política que plantea el referéndum catalán había pasado por ahora de puntillas aunque los expertos también adviertan de que, de no existir, la Bolsa española bien podría haber registrado un comportamiento mejor en las últimas semanas. De hecho, en la jornada de hoy sí está calando la inquietud por la escalda de tensión entre Madrid y Barcelona.

Los dos grandes bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell, registran hoy caídas del 1,91% y 3,78%. Para Sabadell se trata de la peor jornada desde noviembre del año pasado. Y el Ibex es la Bolsa europea más castigada, con una pérdida del 0,83% que ha llegado a ser del 1%. En ello ha influido la caída de los citados bancos pero también la presentación de resultados de Inditex, que han quedado por debajo de lo esperado. La compañía de distribución textil ha perdido en Bolsa el 0,84%. Y también el retroceso cercano al 4% de ACS, penalizada por los rumores sobre una posible contraoferta por Abertis.

“La banca es el sector que más cae hoy en Europa pero también hay un factor añadido que pesa sobre la Bolsa española por Cataluña. El problema es que esta crisis política se enquiste y se convierta en un elemento de inestabilidad política que tenga efectos negativos en la economía”, explica Nicolás López, director de análisis de M&G Valores. “El efecto es moderado pero es previsible que se siga notando en los próximos días”, añade.  

La opinión mayoritaria entre los inversores es que la independencia de Cataluña es en este momento una probabilidad mínima, a la que no dan credibilidad alguna. Las dudas surgen sin embargo en el medio plazo, a la vista de que el horizonte político no quedará ni mucho menos despejado tras el 1 de octubre y de que los últimos acontecimientos pueden previsiblemente reforzar el apoyo popular al independentismo catalán. 

“Los mercados han sido relativamente optimistas (con razón en nuestra opinión), pero no está tan claro cómo evolucionará el apoyo al independentismo en el medio plazo”, apuntaba Barclays en un informe publicado la semana pasada.

Para Bank of America Merrill Lynch, la celebración del referéndum elevará la confrontación entre el gobierno catalán y el central. Y si bien cree que no tendrá consecuencias, en el sentido de que no activará la independencia, sí recuerda que “la secesión en Cataluña podría tener unas fuertes implicaciones macroeconómicas para Cataluña, España y Europa dado que un proceso desordenado podría amenazar la estabilidad económica de la región”.

En un informe del pasado mayo, el banco estadounidense ya apuntaba que la política podría complicar el segundo semestre. Añadía que la imposibilidad de celebrar un referéndum con garantías podría precipitar la celebración de elecciones en Cataluña el próximo año y que si bien el Gobierno de Rajoy emplearía los instrumentos legales con los que detener el plebiscito, conteniendo los riesgos en el corto plazo, esto elevaría el apoyo popular al independentismo.

En paralelo, JP Morgan asegura en un informe que los bancos españoles Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter han mantenido recientemente reuniones con la firma JP Morgan Cazenove y le han transmitido,entre otras cuestiones, que el referéndum sobre la independencia de Cataluña es un “fiasco” y “solo ruido”. 

“Los bancos españoles con los que nos hemos reunido creen que el referéndum de independencia de Cataluña será un fiasco, ya que es ilegal según la legislación española”, señala la firma en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, en el que añade que “el referéndum de la independencia catalana es solo ruido, de acuerdo con los bancos”.

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Montoro comunica a la Generalitat el bloqueo total de su presupuesto | Mercados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicará este miércoles oficialmente a la Generalitat de Cataluña la intervención total de sus cuentas públicas. Tras desoír las autoridades catalanas el ultimátum de 48 horas de Hacienda, Montoro remitirá una carta al vicepresidente Oriol Junqueras para informarle de la aprobación de una orden por la que se adelanta el cierre del presupuesto de la Generalitat y se adopta un acuerdo de no disponibilidad. Ello significa que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que pasa a controlar las cuentas catalanas. La Generalitat se queda sin los recursos periódicos del sistema de financiación y sin la posibilidad de asumir nuevos gastos. La orden se publicará este jueves en el BOE.

Se trata de un hecho histórico e inédito que Montoro explicará este miércoles en el Congreso. No es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, pero se le parece mucho. La relación entre la Generalitat y Hacienda se adentra en un terreno desconocido y todo lo que suceda a partir de ahora no tiene precedentes.

Todos los pagos pendientes que tenga la Generalitat y estén respaldados presupuestariamente deberían ser abonados por el Estado. Sin embargo, Hacienda no tiene toda la información. Si la Generalitat no colabora y facilita datos, peligran las nóminas de los funcionarios que deben cobrar a principios de la próxima semana.

Hacienda estuvo esperando hasta ayer una respuesta al plazo de 48 horas que estableció el Gobierno para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprobara un acuerdo de no disponibilidad que afectara a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Hacienda también exigió que Cataluña comunicara todos los pagos pendientes, que a partir de ahora asumirá la Administración central. La Generalitat no ha cumplido ninguna de las dos condiciones, que ahora el Gobierno central aplicará a la fuerza.

Hacienda mantiene así bloqueados los recursos del sistema de financiación que mensualmente abona a Cataluña y que suponen en torno a 1.400 millones al mes. La Generalitat, por lo tanto, solo cuenta con los ingresos propios –unos 200 millones mensuales– y el dinero que tenga en tesorería. Una cuantía insuficiente.

Hacienda tiene el dinero, pero es la Generalitat quien maneja las facturas y la información acerca de las obligaciones pendientes. Para cumplir con los compromisos de pago es necesario que ambas Administraciones colaboren y se comuniquen, algo que hoy parece improbable.

Si bien Hacienda tiene información sobre los proveedores de la Generalitat y las facturas por el funcionamiento del FLA, fuentes del Gobierno reconocen que no disponen de todos los datos y también señalan que, si la Generalitat no colabora, es posible que los funcionarios catalanes no reciban la nómina la próxima semana.

A diferencia del País Vasco, que recauda sus propios impuestos, Cataluña depende totalmente de las entregas a cuenta que abona el Estado periódicamente en cumplimiento del modelo de financiación. La Generalitat asegura que Hacienda está incumpliendo sus propias normas y que no cuenta con sustento legal para intervenir y bloquear las cuentas autonómicas.

Junqueras aseguró que las medidas coercitivas quedaban anuladas por su recurso ante el Supremo, pero el tribunal y los hechos rechazan tal interpretación.

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Unipost: Codorníu niega cualquier vinculación con los preparativos del referéndum | Compañías

Codorníu ha negado tener vinculación con la empresa Unipost -registrada este martes por la Guardia Civil por supuestos envíos relacionados con el 1-O- y cualquier otra participación con el proceso soberanista, ha informado en un comunicado.

Asegura que ninguna de las empresas que forman el grupo ha participado ni participa en la distribución de propaganda, notificaciones para las mesas electorales, ni en general, en el proceso soberanista.

Fuentes de Codorníu explican que accionistas de Unipost son de la familia Raventós y que a la vez tienen un participación en Codorníu, pero destacan que “no alcanza el 1%”. Han incidido en que la empresa de cava “no hace política” y que los propietarios de Unipost no están en ningún consejo ni órgano directivo de Codorníu.

Según este comunicado, Unipost no es una sociedad del Grupo Codorníu y este no tiene participación alguna en la misma. Puntualiza que el hecho de que unos accionistas minoritarios de este grupo, que no trabajan en la empresa, tengan a título individual acciones de Unipost “no supone que el Grupo Codorníu participe ni directa ni indirectamente en la toma de decisiones de Unipost”.

Asimismo, explican que la semana pasada interpusieron una denuncia por delito de calumnias ante la Unidad de Delitos Económicos (Udef) de la Policía Nacional por difusión en Internet de varias noticias falsas y calumniosas que la vinculaban con el proceso soberanista.

La Guardia Civil se ha incautado de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas en el registro que ha efectuado este martes en la empresa de mensajería Unipost en la que han buscado material relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Un juez ha autorizado a la Fiscalía a intervenir la “ingente cantidad de sobres” con el logotipo de la Generalitaty a abrir uno de ellos para comprobar si contienen tarjetas censales para el referéndum.

En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa, en funciones de guardia, ha dictado que procede intervenir todos y abrir uno para “esclarecer la posible participación de algún responsable” de esta empresa como cooperador necesario de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El juez recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite una querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern por la ley del referéndum. También alude en el auto que Unipost está vinculada a la Generalitat “al amparo de un marco contractual idéntico o similar al que se dio en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014”.

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Multinacionales de EEUU se preparan para dejar Cataluña si es necesario | Compañías

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, advierte que Cataluña podría perder la sede social de “muchas empresas” y también inversiones empresariales si la Generalitat construye “una realidad paralela” a la legalidad española tras el referéndum del 1 de octubre.

Malet ha explicado en una entrevista que “muchas compañías” tienen “preparados” planes de contingencia para cambiar las sedes sociales de sus compañías de Cataluña a otras partes de España en función de lo que suceda el 1 de octubre.

“El plan de contingencia para una compañía catalana que tenga su sede social en Barcelona o en Girona es muy barato y muy fácil. De un día para otro se convoca un consejo de administración, que ya está preparado, y en 24 horas ya tienes la sede en cualquier otra parte de la geografía española”, ha precisado. Malet ha asegurado que el proceso soberanista ya ha provocado que “algunas inversiones que tenían que venir no hayan venido”, y ha añadido: “Sé de algunas compañías que tenían planes (de inversión) y que se han ido a otro sitio. Eso no ha pasado de forma generalizada, sino muy minoritaria, pero eso puede pasar a partir de ahora”, ha advertido, aunque no ha querido entrar en ejemplos concretos.

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España ha opinado que cuando se difunde “en todo el mundo que un Parlamento autonómico no va a cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional estamos en un momento muy peligroso”.

La Cámara de Comercio de EEUU en España es una institución centenaria de la cual forman parte un total de 288 socios que suman una facturación agregada en España de 248.000 millones de euros. Forman parte de esta cámara grandes multinacionales estadounidenses como HP, General Electric, Pfizer, Cola-Cola, Cisco o Dow Chemical, entre otras.

Malet ha precisado que esta semana se ha reunido la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio de EE UU y de que existe “mucha preocupación” por las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno. “Hay mucho interés por saber qué va a pasar y mucha incertidumbre sobre cómo va a terminar todo esto”.

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