Referéndum Cataluña: ¿Qué puede hacer el empleado público local ante el 1-O? | Mercados

De manera semejante a la metafísica aristotélica, la potencia de aprobar el marco normativo por el que se habría de regir la conversión de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la forma de Estado de una república independiente del Estado español se ha materializado. La potencia ha evolucionado en acto. Y han sido principalmente dos, a saber: la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación de Cataluña, en conjunción con los Decretos 139/2017 y 140/2017, de convocatoria del referéndum y de normas complementarias para su realización, ambos publicados y con entrada en vigor el 7 de septiembre; y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con entrada en vigor el mismo día.

Todas las disposiciones legales anteriormente citadas han sido impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. El pleno de este ha ordenado la suspensión inmediata de la eficacia normativa de la ley de referéndum, y el “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.”

El Consejo de Estado, en su dictamen de 8 de septiembre de 2017, a propósito del recurso contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, por unanimidad declara la inconstitucionalidad, en bloque, de la citada ley, ya que “ la contravención, además de evidente y frontal, es absoluta y exhaustiva”.
Es evidente que para que pueda llevarse a cabo el referéndum, el Gobierno catalán necesita el apoyo de la Administración pública local. En este sentido, es necesario advertir de que, en cómputo global, de los 947 ayuntamientos que hay en Cataluña, 715 tienen alcaldes del PDeCat, Esquerra o la CUP, lo que significa que gran parte de la clase política de las entidades locales apoya el independentismo.

Frente a esta situación: ¿qué puede hacer el empleado publico de dichos ayuntamientos? ¿Cómo debe proceder ante órdenes dictadas en base a las normas legales citadas? ¿Puede abstenerse o debe actuar conforme a la instrucción dada? ¿Cuáles son sus derechos y deberes?

En primer lugar, con independencia de los regulado en el artículo 144 del Texto Refundido de Régimen Local, que solo menciona al funcionario público, nuestra legislación básica sobre función publica local, representada principalmente por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, viene a regular una serie de principios y de pautas de actuación que afectan a todos los empleados públicos locales, es decir, al personal funcionario, interino, laboral y eventual.

Estos principios (éticos y de actuación) se hallan regulados a partir del artículo 52 del mismo cuerpo legal y conforma lo que ha venido a llamarse código de conducta.

Pues bien, podemos resumir que todo empleado público local deberá respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico; su actuación deberá estar orientada hacia la satisfacción de los intereses generales, procediendo con objetividad e imparcialidad sin que en ellas puedan interferir intereses personales, familiares, corporativos, clientelares o de cualquier otro tipo.

Teniendo en cuenta que las normas catalanas ya han sido suspendidas en cuanto a su eficacia, y han sido declaradas por órganos consultivos estatales como “expresamente inconstitucionales”, se puede afirmar sin temor a equivocarse que una orden política dada para llevar a cabo el referéndum es una orden “manifiestamente ilegal”.

Ante estas situaciones, y como regla de actuación específica, el artículo 53.4 de la norma citada anteriormente ordena que los empleados públicos locales “obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la normativa especifica local, así como la especial organización de nuestros ayuntamientos, ante órdenes o instrucciones políticas de esa naturaleza dirigidas a los empleados públicos locales se podrá proceder de la siguiente forma: a) poniendo en conocimiento, motivado y por escrito, al superior jerárquico las razones de no dar cumplimiento a la orden dada y de los deberes que ha de cumplir todo empleado público en el ejercicio de sus funciones; b) si se trata de secretarios o interventores, deberán informar por escrito a alcaldes o concejales de las ilegalidades manifiestas de las que adolece el expediente administrativo; incluso, se podrán abstener de tramitar el propio expediente o de realizar la retención de crédito correspondiente, si la actuación comportara un gasto; c) si la actuación constituye un hecho delictivo, estarían obligados a ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal tan pronto como tuvieran conocimiento de dicha actuación ilícita; d) cualquier presión, amenaza o coacción que recibieran constituiría un delito cualificado (leve, menos grave o grave) tipificado en el Código Penal, que podría dar lugar a las correspondientes responsabilidades penales de sus autores.

En este impasse constitucional y legal, el empleado público local no está solo, le acompaña en su hacer toda la fuerza y las garantías del Estado de derecho.

Marcos Peña Molina es jefe del servicio de asesoría jurídica del
Ayuntamiento de Camas, letrado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide

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La nueva Asamblea Constituyente destituye a la fiscal general de Venezuela | Internacional

La fiscal general de Venezuela, Luisa Díaz.

La guillotina revolucionaria en la que el chavismo prometió convertir la recién estrenada Asamblea Constituyente se puso en funcionamiento ayer mismo. La primera víctima fue la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a la que el Gobierno considera una “traidora” y a la que hace semanas que lanza advertencias. La Asamblea asumió el mandato de destituirla y declaró el ministerio público, cuya sede fue rodeada por las fuerzas de seguridad, “en emergencia”.

Los diputados de la Constituyente nombraron al defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, sustituto provisional de una fiscal general que desde hace semanas se había convertido en blanco primordial del Gobierno de Nicolás Maduro.

Muy crítica con el Ejecutivo chavista en los últimos meses, la abogada, en el cargo desde 2007, aseguraba hablar en nombre de un chavismo “original” y destacaba en una corriente crítica que amenazaba con alimentarse con más deserciones de la línea oficial. Su destitución supone un aviso para desalentar a otros posibles disidentes. El propio presidente, así como el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtieron en diferentes intervenciones televisivas que ajustarían cuentas con Ortega Díaz. La sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, amaneció ayer rodeada por tropas de la Guardia Nacional, lo que avanzaba que el Gobierno se aprestaba a pasar a la acción. Los efectivos militares arrestaron a los escoltas y personal de seguridad de la Fiscalía, e impidieron a la fiscal general la entrada en el edificio.

El viernes por la noche circularon ya por las redes sociales comentarios sobre un fallo eminente del Tribunal Supremo de Justicia, leal al chavismo, contra la fiscal general. Y así fue. Al iniciar su primera sesión oficial de trabajo, el secretario de la Asamblea Constituyente dio ayer lectura de la decisión del Supremo de abrir un procedimiento a Ortega Díaz para decidir si la sienta en el banquillo de los acusados, como pidió en mayo en una demanda el diputado chavista Pedro Carreño, por supuestas irregularidades de la fiscal en el desempeño del cargo.

Ruptura

Junto a la decisión de iniciar ese procedimiento, el Supremo acordó suspender a Ortega Díaz del cargo, así como prohibir su salida del país, la enajenación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias. En el histórico salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ayer celebraba sus sesiones el Parlamento elegido en las urnas a finales de 2015 con mayoría opositora, Diosdado Cabello propuso a sus “camaradas” destituir sin más dilación a Ortega Díaz “para evitar un vacío” y, según sostuvo, “combatir la impunidad”.

La propuesta, a la que Cabello acompañó de una moción para declarar en emergencia a la Fiscalía y designar al sustituto, no tuvo que ser votada. Se aprobó por aclamación y entre los vítores de la Constituyente. En declaraciones posteriores a medios oficiales, Cabello se apresuró a recalcar que la decisión no es “un linchamiento personal o político”.

El desencuentro entre Ortega Díaz y la dirección chavista comenzó a fraguarse públicamente en marzo, cuando el Supremo despojó al Parlamento de sus funciones legislativas para traspasarlas al Ejecutivo y la fiscal afirmó que ello suponía “una ruptura del orden constitucional”. Fue también el pistoletazo de salida de la oleada de protestas callejeras que aún sacude al país y ha dejado más de un centenar de muertos. La jurista denunció que las fuerzas de seguridad estaban violando los derechos humanos en las manifestaciones, citó como imputados a responsables policiales, y finalmente incluso promovió la apertura de juicios a magistrados oficialistas del Supremo.

Ante el cese, el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, acudió a la sede de la Fiscalía en compañía de otros cuatro parlamentarios. “Hacemos un llamado a los venezolanos a mantener la determinación por la defensa de la democracia y la paz. La destitución de la fiscal es otro paso de fuerza bruta que cava la propia tumba del régimen”, afirmó. 

México y Colombia condenan la destitución de Ortega

México y Colombia han condenado este sábado la destitución de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, por decisión de la nueva Asamblea de Venezuela. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se trata del “primer acto dictatorial” de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada este viernes por el chavismo, a la que consideró “ilegítima”. En su mensaje, lanzado en la red social Twitter, reitera su solidaridad con el pueblo venezolano. 

Por su parte, el Gobierno mexicano y la Procuraduría General de la República (fiscalía) han mostrado su rechazo a la decisión a través de un comunicado conjunto en el que “deploran y condenan la destitución de la fiscal”, así como el “asedio del Gobierno” venezolano a las instalaciones del Ministerio Público por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. “El Gobierno de México hace un llamado al Gobierno de Venezuela para cese los actos de hostigamiento y uso de la fuerza pública contra las instituciones del Estado”, señala el escrito.

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