Uber podría salir de su agujero dando acciones a sus conductores | Compañías

Uber se ha cavado su propio agujero, pero podría salir dando acciones a sus conductores. Está valorándolo pero, dado que no se consideran empleados, la SEC (Comisión de Valores de EE UU) tendría que dar su visto bueno. El plan podría impulsar su dañada marca y ayudar a retener a los conductores. Pero los furiosos inversores actuales podrían ser un obstáculo.

Gestores de activos como Vanguard y T. Rowe Price han rebajado mucho el valor de sus participaciones en Uber, después de meses de denuncias por acoso sexual y sesgos de género. Un grupo de ejecutivos se fue recientemente de la compañía, mientras que el importante accionista Benchmark Capital va a demandar al ex-CEO, Travis Kalanick, para expulsarlo del consejo. Una fuga de conductores en EE UU se suma a su lista de problemas.

La SEC limita las exenciones del proceso de registro de valores para las empresas privadas que emiten acciones a no empleados. Los consultores y asesores están exentos, y Uber ha mantenido conversaciones con la SEC en cuanto a los contratistas independientes. La decisión del supervisor podría también aplicarse a otros, como los trabajadores del servicio de entrega Postmates. La SEC ha bía aceptado ya a los comerciales y contables independientes.
Si obtiene la aprobación, Uber podría basar las entregas de acciones en el tiempo de trabajo del conductor o en su número de viajes, por ejemplo. Eso podría ayudar a mejorar su imagen y evitar que sus chóferes se pasen la competencia. Sin embargo, podría apoyar el argumento de que los conductores son empleados de facto y deben recibir los beneficios asociados.

Otro problema potencial es que los inversores ya molestos por la gestión podrían estarlo aún más por una dilución de sus participaciones. A pesar de que Uber tiene un colchón de más de 7.000 millones de dólares, sigue quemando efectivo y puede necesitar de nuevo a los inversores en el futuro.

Uber ya ha intentado mejorar la moral de los conductores introduciendo propinas en ciertas ciudades. Encontrar otras formas de tenerlos contentos al tiempo que recupera la confianza de los inversores le ayudará a evitar otra colisión múltiple.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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Esto han hecho los 15 consejeros de Santander en la ampliación de capital | Mercados

Casi unánime ha sido el apoyo de los consejeros de Santander a la macroampliación de 7.072 millones de euros que se cerró la semana pasada y que supuso el desembarco el lunes 31 de julio de 1.458 millones de títulos. Esta inyección ha elevado su capitalización hasta los 92.000 millones de euros, situándose muy cerca de Inditex, que ocupa el primer puesto del pódium de la Bolsa española con poco más de 105.000 millones.

De las 15 personas que forman el máximo órgano de administración del banco, solo Homaira Akbari no ha acudido a la operación. Y no lo ha hecho porque mtiene su participación a través de ADR (American Depositary Receipt) en la Bolsa estadounidense -Santander cotiza allí a través de esta fórmula-, y no podía por razones técnicas, según un portavoz de la entidad financiera.

Los ADR, en puridad, no son acciones, sino certificados expedidos por una entidad financiera que equivalen a un determinado número de títulos. En el caso del banco que preside Ana Botín, un ADR es canjeable por un título.

Los otros 14 consejeros han suscrito la operación. Doce de ellos se han quedado exactamente con el mismo porcentaje que tenían antes. Javier Botín, fundador y presidente de JB Capital Markets, que declara a la CNMV participaciones en otras sociedades como Agropecuaria El Castaño, revela un 0,493%, frente al 0,505% anterior.

La presidenta Ana Botín controla el 0,130% frente al 0,131% previo. Ha acudido con su participación al contado de títulos de Santander; la diferencia de 0,001 puntos se debe a que los instrumentos derivados que le daban derecho a comprar el 0,005% del capital, tras el desembarco de los títulos de la ampliación, han reducido su capacidad de adquisición al 0,004%.

Fuentes conocedoras de la operación indican que además de inversores de Reino Unido, Europa y Estados Unidos, han entrado institucionales de Asia y Oriente Medio. BlackRock, el mayor accionista de Santander con el 6,081% del capital, elevó su participación en pleno desarrollo de la ampliación desde el 5,07% anterior. Todavía no ha comunicado qué ha hecho en la operación. También están todos los grandes inversores que cualquier entidad querría tener en su accionariado, explican desde un banco de inversión.

La acción de Santander sube un 0,18%, hasta los 5,715 euros, respecto al cierre del 6 de junio, el día antes de que anunciara la macroampliación. El miércoles 2 de agosto, ha cotizado tras haber descontado el dividendo de 0,06 euros que abonará el viernes 4 de agosto. Será el tercer pago que abona en 2017, después de los entregados en febrero y mayo, cada uno de 0,0446 euros por título.

Será la primera retribución con cargo a los resultados de 2017. Santander tiene previsto repartir 0,22 euros por acción: tres en efectivo de 0,06 euros cada uno y otro de 0,4 euros que permitirá elegir entre cobrarlo en dinero contante y sonante o en acciones. El alza total de la retribución será este año del 5%.

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Accionistas y bonistas del Banco Popular presentan un recurso ante la JUR | Compañías

El despacho de abogados Navas & Cusí, en representación de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles del Banco Popular, informó hoy de que ha presentado un recurso ante la Junta Única de Resolución (JUR) por su decisión de vender la entidad española.

“Lo hacemos en nombre de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles y deuda subordinada que de la noche a la mañana perdieron el 100% de su inversión sin motivo ni explicación alguna, claros perjudicados por la decisión de la JUR”, señaló en un comunicado el socio-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.

El despacho especializado en derecho bancario, financiero y de la UE presentó el recurso ayer miércoles, el último día del plazo de seis semanas desde la resolución del Popular.

Si fuese desestimado o la JUR no contestara en el plazo de un mes, se abriría paso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo “donde la jurisprudencia es muy amplia”, indicó el bufete.

En declaraciones a Efe, Juan Ignacio Navas mostró su desconfianza respecto a la posibilidad de que la Junta Única de Resolución haga público el informe de la auditora Deloitte sobre el que basó la decisión de ejecutar la resolución y añadió que “muy probablemente” se deba presentar por requerimiento judicial del TJUE.

Asimismo, criticó la falta de transparencia del organismo comunitario.

“La drástica y controvertida decisión se tomó sobre la base de un informe de Deloitte que la JUR se niega a hacer público”, denunció Navas en el comunicado, para a continuación recordar que esa institución tiene “obligación de motivar y hacer públicos los informes que justifican sus decisiones”, según el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR).

De hecho, consideró que se ha producido “un manifiesto incumplimiento” de las obligaciones de la JUR “que sugiere irregularidades que podrían llevar a la declaración de nulidad de la decisión”.

Si se reconociera la nulidad de ese dictamen, la Junta Única de Resolución debería dictar una segunda resolución.

El pasado 7 de junio, la Junta Unica de Resolución decretó la resolución del Banco Popular, que fue adquirido por un euro por el Banco Santander.

Si bien los titulares de cuentas y de depósitos no sufrieron mermas con independencia del importe de sus ahorros, los accionistas y tenedores de deuda perdieron el 100 % de la inversión.

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