Abengoa, en el epicentro de la trama corrupta que saque el Ayuntamiento de El Ejido, segn el fiscal | Andalucia Home

La Polica Nacional custodia el Ayuntamiento de El Ejido en 2010 en la Operacin Poniente.

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Algonquin seguirá subiendo su participación en Atlantica Yield | Compañías

Algonquin Power & Utilities, nuevo socio de Atlantica Yield tras alcanzar un acuerdo para adquirir a Abengoa una participación del 25% de su capital por 607 millones de dólares (unos 522,3 millones de euros), seguirá invirtiendo a través de futuras ampliaciones de capital en la cotizada en el Nasdaq con el objetivo de aumentar progresivamente su participación en la compañía, aunque sin superar nunca el 41,5% del capital.

Según el acuerdo con Atlantica Yield, el grupo canadiense, que empezará con una inversión inicial de 100 millones de dólares (unos 86,1 millones de euros), ha acordado ese límite en cuanto a participación accionarial y que siempre tendrá una minoría en el consejo.

Con este acuerdo estratégico con Algonquin, una eléctrica con amplia experiencia en Norteamérica y que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, Atlantica Yield inicia una nueva etapa de crecimiento.

Asimismo, la yield firmará un derecho de primera oferta (ROFO) sobre los activos que desarrolle Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES), la sociedad conjunta formada por Algonquin y Abengoa para el desarrollo de activos en los sectores de energía limpia y agua. Este derecho es similar al ya existente sobre los activos del grupo español.

Según las previsiones iniciales de este acuerdo estratégico, Atlantica Yield podrá acceder en los próximos dos años a activos valorados entre 600 y 800 millones de dólares (entre 430,8 y 516,9 millones de euros).

Entre esos activos, ahora propiedad de Abengoa, están la planta de cogeneración A3T en México, el acueducto San Antonio Water (Estados Unidos) y las plantas solares de Atacama en Chile y Xina y Khi en Sudáfrica.

Además, el acuerdo incluye la entrada inicial de dos consejeros de Algonquin en el consejo de Atlantica Yield y el compromiso de analizar periódicamente la posibilidad de venta de activos en América del Norte a la cotizada en el Nasdaq.

El acuerdo impulsa el crecimiento de Atlantica Yield

Algonquin se convierte así en socio impulsor del crecimiento de Atlantica Yield y en la comunicación al mercado de su operación de compra del 25% del capital señala su alto potencial de generación de recursos, la eficiencia de su cartera diversificada de activos y el impulso al crecimiento tras el acuerdo estratégico entre ambas sociedades.

El pasado 1 de noviembre, Abengoa firmó un acuerdo para la venta del 25% de Atlantica Yield a Algonquin Power & Utilities Corp. Además, la canadiense cuenta con una opción de compra sobre el 16,5% restante del capital en Atlantica Yield que todavía posee Abengoa, en el mismo precio y condiciones. El cierre de la operación está sujeta a la aprobación por el Departamento de Energía de Estados Unidos.

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Abengoa vende el 25% de Atlantica Yield a Algonquin por 520 millones | Compañías

El grupo de ingeniería y energía Abengoa ha llegado a un acuerdo con la compañía canadiense Algonquin Power&Utilities para venderle un 25% del capital de su filial estadounidense Atlantica Yield, en la que tiene una participación del 41,5%, por 606 millones de dólares (521 millones de euros).

Según ha comunicado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa ha concedido a Algonquin, una empresa de servicios y energías renovables, una opción de compra, en las mismas condiciones, sobre su restante participación en el capital de Atlantica Yield (16,5%). Esta opción, que está sujeta a la autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos, vence a los sesenta días del cierre de la venta del 25%.

Además, Abengoa ha concedido a Algonquin un derecho de tanteo que se podrá ejercer durante el primer trimestre de 2018. La operación de venta del 25% de Atlantica Yield está sujeta al cumplimiento de algunas condiciones, entre ellas el visto bueno por parte de los organismos reguladores y los acreedores de la sociedad.

El precio acordado, 24,25 dólares (20,9 euros) por acción, está también sujeto a ciertas deducciones relacionadas con algunas obligaciones recogidas en el contrato y con los costes de la transacción.

Las partes han acordado un mecanismo según el cual Abengoa podrá beneficiarse del 30% de los primeros 2 dólares (1,7 euros) en los que se revalorice la acción de Atlantica Yield, hasta un máximo de 0,60 dólares (0,52 euros) por título.

Esta suma se devengará en el primer aniversario de la fecha de cierre de la transacción. La plusvalía se hará efectiva cuando se cierre la transacción, aunque, a fecha de hoy ,se cifra en unos 96 millones de euros.

Por otro lado, Abengoa y Algonquin han suscrito un acuerdo de intenciones (memorandum of understanding o MOU) para constituir una sociedad cuyo principal objeto será identificar, desarrollar, construir y operar de forma conjunta una cartera de proyectos de infraestructuras.

Según Abengoa, la constitución de esta sociedad permitirá aprovechar las fortalezas de ambos socios contribuyendo a la consecución de sus intereses comunes. 

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El juicio contra la excúpula de Abengoa por sus millonarias indemnizaciones arranca este lunes | Compañías

La excúpula de Abengoa, con su expresidente Felipe Benjumea a la cabeza, será juzgada desde este lunes en la Audiencia Nacional en la causa que aborda las indemnizaciones millonarias que aprobaron pagarles meses antes de que la compañía solicitara el preconcurso de acreedores en 2015.

Se sientan en el banquillo, junto a Benjumea, el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, la expresidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones Mercedes Gracia, y los exconsejeros, también presentes en la comisión, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, quien acabó presidiendo la firma unos meses.

Se les considera los máximos responsables de aprobar una indemnización de 11,484 millones de euros para Benjumea y de 4,484 millones para Sánchez Ortega en un momento en que la empresa atravesaba una crisis que amenazaba con llevársela por delante.

La Fiscalía les acusa de delitos de administración desleal y pide cinco años de prisión y 90.000 euros de multa para Benjumea, que presidió Abengoa de 1988 a 2015; cuatro años y tres meses de cárcel más una multa de 72.000 euros para el exconsejero delegado, y tres años y medio de privación de libertad, más 36.000 euros de multa, para los otros tres acusados.

El Ministerio Público solicita, además, una compensación a Abengoa por responsabilidad social de 4,484 millones de euros a Sánchez Ortega y de 11,484 millones, de forma conjunta y solidaria, a los otros cuatro procesados, que equivalen a las indemnizaciones cobradas por los dos máximos exresponsables de la empresa.

Las indemnizaciones

Los pagos se aprobaron como compensación al cese anticipado de Sánchez Ortega y Benjumea, que abandonaron sus cargos en abril y septiembre de 2015, respectivamente. Sin embargo, ambos quedaron vinculados a la compañía. Benjumea fue nombrado presidente no ejecutivo y firmó un contrato como asesor. El exconsejero delegado, a su vez, firmó un acuerdo de prestación de servicios.

El fiscal José Perales les acusa de “aparentar su marcha de la sociedad” para cobrar las compensaciones por su salida anticipada, recoge Europa Press, aunque ni siquiera cumplían las condiciones establecidas para ello.

Benjumea renunció al cargo “de forma voluntaria” en septiembre de 2015, lo que algunos acusados achacan a la exigencia inamovible de acreedores y bancos, como Santander, que se preparaban para inyectar cientos de millones en una ampliación de capital que debía reflotar Abengoa.

Tras su marcha de la presidencia, Abengoa comunicaba que Banco Santander, HSBC y Crédit Agricole se comprometían a acudir a la ampliación de capital pero que se veía obligada a suspender el reparto de dividendos a sus accionistas para contener el endeudamiento de la compañía. En noviembre de 2015, en todo caso, Abengoa solicitaba el preconcurso de acreedores ante los juzgados mercantiles de Sevilla, lo que llevó a parte de los bonistas de la compañía a demandar a la excúpula por haber abandonado el barco con las manos llenas.

Borrel y otros testigos clave

El juicio por el caso, que fue instruido por la juez Carmen Lamela, tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y está previsto que continúe hasta el próximo martes 24 de octubre.

Siete sesiones en las que pasarán por la sala otras importantes personalidades del mundo empresarial y político. Está previsto que intervengan durante el procedimiento el vicepresidente del Banco Santander y presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, el actual presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, y otros consejeros de la compañía.

Además, comparecerá en calidad de testigo el exlíder socialista y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, que también formaba parte de la comisión de nombramientos que aprobó las indemnizaciones pero que asegura que, ausente de la reunión por estar pesentado su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, delegó el voto en Fornieles.

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Abengoa deberá devolver unos 72 millones a los que impugnaron su homologación | Compañías

Abengoa deberá, en principio, devolver en el tiempo y la forma pactados inicialmente unos 72 millones a los dueños de deuda que impugnaron el acuerdo de homologación, según fuentes jurídicas. Ese es el importe que ha sido objetivo de reclamación por varios tenedores a los que el juez ha dado la razón tras alegar que el acuerdo les suponía un “sacrificio desproporcionado”.

Abengoa comunicó el miércoles más allá de las nueve de la noche que facturó 691 millones de euros en el primer semestre y registró un ebitda de 16 millones de euros frente a las pérdidas de más de 59 millones de euros de los mismos meses de 2016.

Estas cifras excluyen el impacto de la actividad de bioenergía y de las concesiones de las líneas de transmisión Abengoa Innovative Technology de Brasil, que se presentan como resultados procedentes de operaciones discontinuadas.

Durante este periodo, Abengoa ha incurrido además en gastos relacionados con el proceso de reestructuración financiera de, entre otros, provisiones de coste de construcción y servicios profesionales independientes por 101 millones de euros.

Excluyendo esos gastos no recurrentes, el ebitda habría ascendido a 117 millones, una mejora respecto de las pérdidas de 59 millones registradas durante el mismo periodo de 2016. El resultado neto ascendió a 4.906 millones por el beneficio atípico de 5.814 millones derivado de la reestructuración.

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Fernández Conradi: “Las posiciones bajistas pueden hacer que las compañías se valoren de forma artificial” | Mercados

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) continúa con su cruzada contra las posiciones cortas sospechosas.

La directora ejecutiva de esta asociación fundada en 2005, María Fernández Conradi, explica en declaraciones a CincoDías que “hay que tener mucho cuidado con el capitalismo financiero, porque, si no se encauza, puede llevar a una perversión de la economía”.

El 12 de junio, la CNMV, con el visto bueno del coordinador de los supervisores europeos de valores (ESMA), decidió vetar las posiciones bajistas sobre Liberbank, debido a “fuertes descensos y una alta volatilidad en un contexto en que no hay informaciones negativas difundidas por la entidad ni pendientes de difundir”.

La resolución de Popular por las autoridades europeas el 7 de junio y su posterior adjudicación a Santander tuvieron que ver en esta prohibición, que se ha ampliado hasta el 12 de septiembre.

Popular, bajo la lupa de la CNMV y Aemec

  • La directora ejecutiva de Aemec asegura que con algunos cortos podríamos “llegar hasta una maquinación para alterar el precio de las cosas si llega el caso de que alguien utilizando terceros está jugando a corto”. “Ya lo vamos a ver en el caso de Popular”, puntualiza.
  • La asociación solicitó el 21 de abril en una carta dirigida a la CNMV que continuara “con sus labores de investigación y, en su caso, las amplíe y concrete en relación a la posibilidad de que el accionista de referencia de Banco Popular, Antonio del Valle Ruiz, haya podido incumplir (o pudiera estar incumpliendo) la normativa del mercado de valores”.
  • Las posiciones cortas comunicadas sobre el capital del banco que presidió Emilio Saracho llegaron a suponer el 12,37% a cierre del 28 de abril. En este caso, el supervisor de los mercados nunca prohibió las posiciones bajistas ni suspendió la cotización de la entidad.
  • La CNMV señaló en una nota el pasado 7 de junio, tras la resolución de Popular, que prestó “la máxima atención durante los últimos meses a la situación de Popular y a la evolución en el mercado de los valores por él emitidos, realizando numerosas actuaciones al respecto en el ejercicio de sus facultades como autoridad de supervisión del mercado de valores”. “La CNMV no descarta iniciar actuaciones adicionales en el ejercicio de sus facultades de supervisión de la información financiera y el abuso de mercado”, agregó.

“Las jugadas a corto se han permitido como parte de un mercado libre, donde esas operaciones también reflejan el valor de las compañías y las expectativas de los mercados. Pero, si no se imponen reglas de transparencia, pueden provocar que empresas como Técnicas Reunidas [con un 11,1% del capital en posiciones cortas, según la CNMV], Abengoa [1,12%], Dia [24,49%], Sacyr [3,87%] o el grupo editor de CincoDías, PRISA [1,17%], estén siendo valoradas artificialmente de alguna manera”, añade Fernández Conradi.

Las primeras medidas para evitar un uso espurio de las posiciones cortas en la Bolsa española se tomaron en agosto de 2011 para proteger a los valores financieros. Un año después, se amplió el blindaje a todas las cotizadas, ante la “extrema volatilidad” que sufrían las Bolsas europeas. El veto terminó en enero de 2013.

“Ya hemos denunciado esta situación a la CNMV tres veces; el supervisor no puede dejar la solución al mercado”

En noviembre de 2012, entró en vigor el reglamento comunitario que fija unas normas mínimas para aplicar los vetos y unos niveles de transparencia para los inversores bajistas. Estos deben comunicar a las respectivas comisiones de valores las posiciones cortas que igualen o superen el 0,2%, y los supervisores harán públicos los nombres cuando supongan al menos un 0,5%.

Fernández Conradi afirma que esas reglas no son suficientes. “Si lo fueran, ¿por qué se han prohibido los cortos en Liberbank? Siempre existe la posibilidad de utilizar sociedades pantalla que queden por debajo del 0,2% del capital, saltándose la obligación de comunicar la posición a la CNMV”, sentencia.

“ Ya denunciamos los cortos sospechosos dos veces a la CNMV, y el 28 de julio lo hicimos por tercera vez. El supervisor no puede dejar la solución al mercado, debe hacer algo”, explica la directora ejecutiva de Aemec.

“Puede haber dos o tres personas que por intereses que no conocemos, incluso con representación en el consejo de administración de una compañía, estén jugando a la baja por un tema de poder y de control. No tiene ningún sentido que una persona que tiene el 5% o el 20% de una empresa apueste por la caída de las acciones de esa compañía, salvo que quiera abaratar una ampliación de capital para comprar y hacerse con el control”, resume.

La directora de Aemec pone un ejemplo: “Yo, que te quería comprar el coche, he logrado que no me lo puedas vender como un bólido [utilizando posiciones cortas para bajar el valor en Bolsa]. Pero resulta que, cuando te bajas del coche, vuelve a ser un bólido [se retira el ataque bajista y la acción sube]”.

“No puede ser que en el fondo, con las posiciones bajistas, se estén vulnerando las estructuras de propiedad. Los cortos se pueden utilizar para dos cosas. El inversor que juega con las reglas de mercado es legítimo y bienvenido. Pero los ataques especulativos con fines espurios, y sobre todo con información confidencial, son ilegítimos e ilícitos. Los ataques a corto no se pueden utilizar para facilitar ampliaciones de capital baratas ni tomas de control sin pasar por una opa”, remata.

Conocer quién está detrás de las posiciones cortas es básico, según la responsable de Aemec: “En el derecho mercantil español se instauró desde hace años la necesidad de conocer quién está detrás de las operaciones”, puntualiza.

Eso sí, desde Aemec reconocen que “la CNMV no tiene medios suficientes para hacerlo, solo la investigación criminal en España cuenta con herramientas necesarias para esta misión, como pinchar teléfonos, con autorización judicial, por supuesto”. A su juicio, tiene que hacerse una investigación policial, financiera, para desvelar lo que pueden ser nuevos delitos de cuño financiero.

“La CNMV es un motor de cambio y, aunque no tenga capacidad de facto, sí es responsable”. “El supervisor de Estados Unidos tiene 2.000 personas solo para investigar. La CNMV controla el cumplimiento normativo, pero no tiene capacidad de ser policía de transacciones, ya que carece de los medios adecuados”, agrega.

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Abengoa ficha a Josep Pique para su consejo | Compañías

El consejo de administración de Abengoa ha designado por unanimidad al exministro Josep Piqué Camps nuevo consejero independiente de la sociedad,anunció la empresa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta designación se produce a propuesta de la Comisión de Nombramientosy Retribuciones y con el objetivo de cubrir por cooptación la vacante existente. Piqué también será miembro de la Comisión de Nombramientos yRetribuciones en sustitución de José Luis del Valle Doblado.

El exministro, ex consejero delegado de OHL y expresidente de Vueling suma esta nueva responsabilidad empresarial a la reciente creación de la sociedad Aviation Pasiphae, cuyo objeto social es la prestación de servicios técnicos de consultoría a empresas del sector de la aviación.

Piqué presió Vueling entre 2007 y 2013 y fue ministro de Industria en la primera legislatura de José María Aznar, así como consejero de EADS, principal accionista de Airbus, desde 2012.

Piqué dejó en junio de 2016 OHL, coincidiendo con el relevo en la cúpula de la compañía controlada por Juan Miguel Villar Mir, menos de tres años después de su nombramiento a finales de 2013 como primer ejecutivo del negocio constructor de la compañía.

Unos meses después ‘fichó’ por Seat, a cuyo consejo de administración se incorporó desde el 1 de enero de este año en calidad de consejero con carácter independiente.

Piqué también preside la nueva comisión de auditoría, cumplimiento y buen gobierno (CACBG) de Seat, un órgano responsable de supervisar la implantación y cumplimiento de la política de transparencia de la compañía.

El exministro, nacido en 1955, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. También ha sido presidente de Ercros, ministro de Asuntos Exteriores entre 2000 y 2002, y ministro de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2003

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Montoro debe dar explicaciones sobre las acusaciones de favoritismo | Opinion Home

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